Lic. Jorge Yáñez López La realización de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing, China, coincidiendo con la celebración del Cincuentenario de la fundación de Naciones Unidas, constituyó “un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad”, según quedó asentado en su Declaración de Objetivos.
A partir del reconocimiento expreso de no haberse logrado todavía la igualdad entre la mujer y el hombre, 10 años después de la 3ª Conferencia llevada a cabo en Nairobi, Kenia (1985), y bajo el Principio de que mujeres y hombres deben compartir el Poder, en aras de erradicar el déficit democrático caracterizado por las inequidades en razón del género, tanto en el Ambito Público como en el Privado, y entendida esta deseable Igualdad entre los Géneros como una cuestión de Derechos Humanos y una condición indispensable para el logro de la Justicia Social, la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer expone en su Informe presentado por el Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible (DCPDS) de las Naciones Unidas un grupo de 12 esferas de especial preocupación a ser contempladas por las estrategias gubernamentales, de la comunidad internacional, de la sociedad civil, de las ONGs y del sector privado, es decir, compromisos en diferentes niveles.
Posteriormente se efectuó la revisión quinquenal de la Plataforma de Acción Mundial (PAM) en el 2000 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en fecha cercana al pronunciamiento internacional conocido como “Declaración del Milenio” el cual considera ítems vinculantes dirigidos a eliminar la discriminación por el género.
México es uno de los países que ha invertido importantes esfuerzos para alcanzar y volver práctica cotidiana las acciones afirmativas a favor de la Equidad de Géneros. Sin embargo el factor masculino dentro del análisis únicamente ha tenido un uso exclusivo, como elemento comparativo para subrayar el superior grado de derechos de que disponen los hombres a diferencia de los que carecen las mujeres, hace falta profundizar también en las incidencias desagregadas para el otro género, que finalmente representa la otra mitad de la población mundial.
- Situación Legislativa
En la actividad legislativa federal, a raíz de la creación de las Comisiones de Equidad y Género como Comisiones Ordinarias para ambas Cámaras, el involucramiento de legisladores en asuntos de Equidad de Géneros se da desde la LVIII Legislatura, en donde 11 iniciativas fueron presentadas por diputados, más 2 relacionadas con derechos de la infancia (de niñas y de niños) y una en materia de tolerancia religiosa (Edo. Laico). A grosso modo cuantifican la mitad de legisladores respecto al doble de legisladoras (diputadas y senadoras) con iniciativas presentadas sobre diferentes temas relacionados con la Equidad de Géneros.
Esbozar la progresión gradual desde los hombres en síntesis arroja signos positivos, al menos la lectura primera no es la del rechazo a coparticipar de los temas, sin embargo la incorporación de varones hacia las Comisiones de Equidad y Género sigue siendo visto como algo propio para legisladoras. Aunque la misma tendencia ocurre en cuanto al número de legisladoras que buscan integrarse a comisiones relacionadas con aspectos estructurales como Fortalecimiento al Federalismo, Puntos Constitucionales o Hacienda y Crédito Público.
El mapeo correspondiente a las Legislaturas LVII y LVI resulta complicado, del año 1999 hacia atrás, debido a la ausencia de esa área específica para canalizar reformas sobre Equidad de Géneros, de hecho la mayor parte de los logros obtenidos en el 2000 (en lo constitucional, laboral, civil y penal) fueron pendientes muy reiterados, de varios años por la Agenda del Movimiento Feminista, desde las ONGs, algunas de esas demandas incluso, antes de la conformación de la Asamblea Nacional de Mujeres por la Transición a la Democracia.
El consenso indiscutible ubicó en el 2003 a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como el gran domo que acoje y da cobertura jurídica a mujeres y hombres por igual, a toda persona más allá de las diferencias de raza, género, estrato socioeconómico, escolaridad, orientación sexual, edad, etcétera. Dicha Ley Reglamentaria del art. 1º Constitucional se aplica también al primer párrafo del art. 4º, el cual representa el punto de partida del Sistema Jurídico Mexicano para enfocar la visión de los Derechos Humanos en vinculación con la Perspectiva de Equidad de Géneros.
- El Balance
La Conferencia de Beijing que finalmente implicó la cohesión nacional de las mujeres organizadas y con agendas progresistas, fue el sustrato que dio margen para robustecer el pliego de demandas de la Asamblea Nacional de Mujeres en octubre de 1995, y examinar con datos duros el fenómeno de inercia legislativa federal de 1989 a 1999, con un análisis de un decenio se evidenció que de 36 iniciativas presentadas a favor de los derechos de las mujeres, sólo 3 habían prosperado. Es decir, la necesidad de acelerar avances en este plano clave encontró mucho de su razón de ser a partir de esta circunstancia.
Los hombres de la Sociedad Civil Organizada relacionados con las cuestiones de géneros, han seguido la costumbre de insertarse en las fases de los Movimientos Feminista y Amplio de Mujeres, coadyuvando y aportando la expertisse personal, pero posicionando en reducida proporción elementos sobre transiciones intermodélicas masculinas, intergeneracionales, de esquemas inacabados de las relaciones intergenéricas en los distintos ámbitos sociales.
Redondeando esta idea, por un motivo estrictamente metodológico, los varones no podemos evaluar la PAM de Beijing según sus estrategias y marcajes establecidos, lo que si procede es capturar información sobre los actos respuesta que este proactivo planificado y sustentado por los 3 paradigmas de la Teoría de Género, ha ocasionado o incidido en los hombres o en algunos de los sectores de la población masculina de 1995 a la fecha.
En ese tenor, las reformas al COFIPE de junio del 2002 para garantizar el Sistema de Cuotas, en calidad de Acciones Afirmativas desde las elecciones del 2003, constituyeron una primera etapa más de carácter sensibilizatorio que obligatorio para los partidos políticos; compartir el recurso de transformación denominado Poder, ha sido el inicio de uno de los procesos de replanteamiento del concepto de Democracia que ha tenido que irse reedificando desde lo Público.
Las cuotas deberán ser reenfocadas también como parte de los criterios de apertura en la conformación de los CENs de los Partidos Políticos, puesto que no es sólo la imagen electorera lo que cuenta, sino la ruptura de cotos y de monopolios erigidos con base en el género.
La educación no se constriñe únicamente a la Preceptiva Tradicional, la incorporación de elementos que soportan una Pedagogía de la Igualdad, también son parte de esa transversalidad de la Perspectiva de Géneros, tanto en la Ley General de Educación, como en los programas y políticas públicas dentro de la misma materia, cuanto en la regulación de los Medios Masivos de Comunicación.
Sin embargo para contener y plantear acciones preventivas al problema social de la violencia, ha sido preciso ir avanzando consistentemente en su análisis, la 2ª mitad de los años 90´s se caracterizaron por la promulgación de leyes locales para prevenirla y completar el cuerpo de disposiciones con una Ley Federal en el año 2000. Las fases subsiguientes a este proceso continúan, pero no solamente con el imperativo de homologación de esta legislación con base en los más altos stándares, aparejadamente se ha ubicado el enfoque de la violencia en un 2º paradigma que va más allá de la corrección con el Sistema de Justicia y mediante prohibición y pena a los agresores, adquiriendo así tanto el Sistema Educativo como el de Salud un rol de primer grado de responsabilidad.
Debido a estos enfoques cabe afirmarse que para la población masculina con una conciencia de Equidad de Géneros, los contextos actuales no pueden dejar de verse diferentes a partir de la Era Post Cairo y Post Beijing, porque en síntesis lo legislable y lo aplicable vía políticas públicas no nada más ha comprendido a las mujeres, también ha impactado a los varones.
En este sentido, el objetivo social de las Acciones Positivas, derivadas precisamente de la existencia de marcos de inequidad en el acceso a derechos, ha debido revisar la percepción colectiva en torno a los Derechos Humanos, contemplándose una depuración paulatina de los sesgos por el género.
Sustentando reformas en materia penal federal; articulándose los mecanismos para la implementación de la Convención de Belém do Pará del plano regional al nacional; ratificándose el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en el 2002, luego de 20 años de haber sido suscrita por México. Y el progreso de visión que significó incluir en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, auspiciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas del ramo, el capítulo referente a los Derechos Humanos de las Mujeres, en el 2003.
En ese trayecto entre distintas áreas, por cierto todas integradas en la PAM de 1995, puede enfatizarse que a un importante porcentaje de hombres les resulta prioritario que los Presupuestos Federales incluyan el Enfoque de Equidad de Géneros, tanto como el diseño y aplicación de Políticas de Conciliación Laboral y Familiar, es decir, no como un asunto de superposición temática con base en criterios de gradual relevancia para la agenda de los hombres organizados, sino a manera de ejercicios de horizontalidad a favor de la Equidad de Géneros.
- Proyecciones hacia el Bienestar Compartido
Los varones requerimos conferirle mayor atención a lo que posicionalmente representa la PAM de Beijing en relación a los esquemas de la Agenda Mundial de Mujeres; los compromisos internacionales y regionales, como las instancias, comités y foros de distinto nivel de acción están directamente interconectados con los Estados Parte en su sistema jurídico y en sus políticas gubernamentales.
Especial atención para este año 2005 de particular trascendencia, ya que concluye su evaluación con la referida PAM o PAB (B+10), a la par que ha revisado tras 5 años las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM5) y en conjunción también habrá valuado alcances y obstáculos a 30 años de declarado el 1er Año Internacional de la Mujer y la Conferencia Mundial fundante de estos procesos, celebrada en México en el año de 1975.
La principal coincidencia entre los varones denominados “solidarios, compañeros de ruta o profeministas”, que igual asistieron a la Conferencia de Beijing, que a las reuniones anuales del Parlamento de Mujeres de México, o a los diversos foros y congresos convocados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, radica en propender por una Agenda a favor de la eSiuidades entre mujeres y hombres.s para gobernar, legislar e impartir justicia, porque con ello se niega e invisibliza la exisquidad de Géneros que contemple a todas y a todos, pero ausente de criterios neutros para gobernar, legislar e impartir justicia, porque con ello se niega e invisibliza la existencia de inequidades entre mujeres y hombres.
Si, la violencia de género está extendida a nivel nacional y es silenciada pues se argumenta que no es nota periodística equiparable a las de los grandes problemas nacionales; si, la trata de personas, subrayadamente de mujeres y de niñas sigue omitiéndosele como si ésta fuera mínima y elegida por sus víctimas; si, la discriminación hacia la diferencia sexual es la más fomentada institucionalmente; la conciencia de los focos rojos atendibles es la primera etapa del compromiso de coparticipación.
La práctica del diálogo mixto tanto como la apertura para escuchar las necesidades de la otra, tienen que ser eje e hilo conductor de los acuerdos, de la toma de decisiones y de la planeación de directrices y estrategia desde la sociedad civil, el gobierno y los espacios parlamentarios.
Se precisa crear sistemas de indicadores para el género masculino frente al vacío que INEGI, CONAPO y PNUD presentan.
El modelo sobre violencia debe concentrarse más en la etapa preventiva desde el sistema educativo para eliminar de raíz la visión de agresores en potencia o directos.
Apremia repensar otras alternativas de tratamiento a agresores y no reducir a los Programas de Intervención para Agresores (PIAs) la solución de la violencia de género.
La inclusión de varones con trabajo en materia de Equidad de Géneros en procesos legislativos y de diseño de políticas públicas, debe constituir un criterio obligado para garantizar la mixitud en la construcción de la Democracia.
El impulso de Leyes sobre Paternidad tiene que estar directamente vinculado con enfoques sobre Conciliación Familiar y Laboral.
Reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de manera que sus alcances no se limiten únicamente a la emisión de recomendaciones, en especial partiendo de la ausencia de tipificación del delito de discriminación en la mayor parte de los códigos penales locales.
Involucrar a la Iniciativa Privada y a los Partidos Políticos a incorporar el Sistema de Cuotas en sus Consejos Directivos y en sus Comités Ejecutivos Nacionales para descentrar a la Acción Positiva de la sola aplicación a la Administración Pública y a los Procesos Electorales.
La Perspectiva de Géneros debe dejar de parcializar su transversalidad, para evadir aspectos de la Agenda Pública como las sanciones a los contenidos discriminatorios y promotores de la violencia en la Ley de Radio y Televisión; el financiamiento público para la capacitación de las candidaturas de mujeres a cargos de elección popular en el segundo grupo de reformas al COFIPE; en los programas del Desarrollo Social que incentiven la participación de las mujeres en la vida pública; o la desagregación por sexo sobre el uso y disposición de recursos en la presupuestación pública.
La composición de cualquier clase de Observatorio sobre la Equidad de Géneros a nivel institucional debe contemplar a mujeres y a varones con tendencia a la paridad.
La Perspectiva de Género en el marco de la Educación Legal en Derechos Humanos debe articular la aplicación de los stándares internacionales derivados de los Convenios suscritos por México para conseguir el acceso a la justicia en los tres niveles de gobierno.
13 de Diciembre de 2005
Cámara de Diputados
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