lunes, 26 de mayo de 2008

Valorando pragmáticamente los compromisos con la Equidad de Género desde los hombres en México

Lic. Jorge Yáñez L.

El no compromiso de los hombres activistas y académicos en México con la Equidad de Género parece ser el rostro actual de las organizaciones que promueven estudios sobre las masculinidades alejadas del modelo hegemónico.

Llevar a cabo encuentros o foros descontextualizados resulta más un acto de irresponsabilidad histórica y un capricho académico por figurar sin un aporte específico al desarrollo social o a la transformación de patrones culturales inequitativos entre mujeres y hombres.

Más de 15 años de trabajarse con hombres y los contenidos de investigaciones se caracterizan por ser enteramente desmarcados de los temas de fondo en el debate legislativo federal, como la conciliación familiar y laboral o la paridad.

Cuando ejes tan relevantes como las paternidades, la violencia de género, y la igualdad en los espacios de poder en lo público, no se entienden desde los grupos de varones, porque la principal preocupación se centra en los criterios de financiamiento que una universidad o una fundación establece para apoyar un evento, la lectura demuestra una supeditación que abona más a la infertilidad de conocimiento y a la incapacidad para la planeación de acciones concretas.

Por eso los monopolios en áreas académicas que generan investigación sobre masculinidades se convierten en espacios de manutención personal, inservibles para requerimientos prioritarios como la equidad entre los géneros.

Esta circunstancia de aparente naturaleza práctica alberga una deficiencia mayor, de autocrítica entre varones, la tendencia a construir feudos masculinos que subsanen subjetividades erosionadas por sus particulares historias de vida.

Una sociedad machista, homófoba y violenta, que además acrecenta sus niveles de consumo masculino en explotación y comercio sexual de mujeres y de infantes, como la mexicana, indefectiblemente indigna su incongruencia hacia las organizaciones de hombres y de académicos varones que dicen actuar en favor de la igualdad de oportunidades para todas y todos.

La realidad institucional se traduce en búsqueda de recursos públicos para impulsar proyectos, en algún rubro que el Instituto Nacional y los Institutos Estatales de las Mujeres consideren financiables, bajo el esquema gubernamental de coinversión social.

Otra vía ha sido a través de talleres locales (delegacionales o municipales) que algún gobierno estatal o un partido político sensibilizado con el asunto de los desequilibrios de género, fomente aisladamente (en ciertas zonas) y desarticulado de una política integral, incluso desde el desarrollo social.

Por otra parte suponer como ventanas de oportunidad los programas de género dirigidos por académicas, implica una condición de complemento en áreas acotadas como la violencia y bajo una metodología no propia, dejando en dado caso, un cierto canal para la diversidad sexual como posibilidad adicional.

La imagen observable en lo público es la de existencia de grupos que trabajan “con y por los hombres”, que no saben interactuar como pares con sus interlocutoras activistas, académicas o políticas, a excepción de los profeministas.

No se trata de demeritar el valor de construir redes virtuales entre organizaciones masculinas, sino de crecer con visión, y de no evadir la reflexión conjunta desde la mixitud de actores sociales, sean hombres o sean mujeres.

El tema de la Equidad de Género es un eje de trabajo institucional y teórico que involucra a los hombres con expertisse en diseño de política pública, experiencia legislativa y práctica en procuración e impartición de justicia en México, siempre en aras del bienestar compartido.

Los cambios comportamentales que se proponen hacia los hombres, en sus modos de vivir sus masculinidades, deben salir del individualismo, de no reflejar un ajuste equitativo hacia la otra mitad de la población mundial, las mujeres, (se acepte o no, vinculadas en las vidas de los varones), simplemente se estarán generando modelos inútiles para cualquier plano de la dimensión humana.

Trabajar con grupos de hombres; publicar estudios académicos sobre masculinidades; o convocar a Encuentros sobre el tema, son actividades que tienen que visualizar perfectamente el impacto social que tendrán y no sólo el efecto protagónico que les pueda reportar curricularmente.



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Espacio e Incidencia Profeminista

Lic. Jorge Yáñez L.


A Theo Van Gogh, cineasta holandés asesinado en 2004
por un fundamentalista marroquí, a causa de haber
realizado un documental con enfoque crítico sobre
la condición subordinada de la mujer en el Islam .



El Profeminismo es un bloque conformado por hombres que se encuentra inserto con diferentes visiones en la organicidad intangible de la teorías y praxis feministas; su enfoque principal se ha orientado a proponer modelos de existencia equilibrada entre mujeres y hombres con posibilidades de realización digna e integral y en un marco de ejercicio real de las libertades fundamentales. Asumirse profeminista finalmente sobreentiende adoptar una identidad política, un contenido ideológico y un modo de interacción social.

En su evolución, esta vertiente del Movimiento de Hombres, ha conseguido darle un rostro masculino a los estudios de género, no sólo desmitificando la asociación reduccionista de mujer con género, sino también en la generación de planteamientos teóricos propios.

¿A partir de qué parámetros realizar la medición de incidencia?
Diríamos que de los lineamientos que guían al pensamiento profeminista en dos niveles, uno que abarca la reflexión en torno a la exploración de alternativas de relaciones democráticas en todos los niveles de la vida humana, pero así mismo, hacia un humanismo que fomente positivamente el valor de la diferencia sexual más allá de una visión de complementariedad; y el otro de tipo operativo, que estructure compromisos en función de los objetivos de las agendas feministas, a la par de un involucramiento con planes estratégicos por el avance de la equidad entre los géneros.

La denominación de hombres con conciencia de equidad de género, compañeros de ruta o aliados, en resumidas cuentas es una referencia indirecta sobre como se nos visualiza en los diferentes espacios y por otros y otras actores sociales.

El reconocimiento entre profeministas es otro, es el nuestro, se rige por un código de identificación entre pares, que no es lo mismo, entre 100% iguales, las historias y los proyectos de vida signan individualidades que comprenden convergencias desde el ser hombres.

El profeminismo es explicable bajo contextos específicos, desde luego, pero en suma nace de un proceso electivo personal. Un profeminista en la esfera privada buscará ensayar mecanismos y formas sucedáneas a los esquemas convencionales basados en relaciones de Poder y en relaciones de dominación; en lo público por lo general, un profeminista es un activista que se rige por otra clase de tiempos e interviene planeando otros canales de efectividad en los procesos políticos en los que toma parte.

Lo que finalmente fusiona a ambos ámbitos es la conciencia y la práctica cotidiana de no llevar una doble vida, aquello que públicamente se defiende, debe presentar congruencia con la vida personal, de pareja o de una familia; es incorrecto hablar de intersecciones, se habla entonces de trascender los soportes de la educación primera. Un hombre profeminista vive en una constante fase de transformación y de cuestionamiento sobre los patrones de conducta heredados, se trata de un autoanálisis permanente y a la vez de una continua reformulación de la masculinidad en interacción con las otras y los otros; lo subjetivo lo atraviesa todo y lo determina en buena medida.

En el terreno operativo siempre resultarán imprecisos los límites del radio de acción profeminista en el activismo feminista, la empatía o la discriminación variarán tanto como subjetividades y feminismos existan.

La inquietud producida por el sentido de pertenencia frente a un movimiento constituído por instancias de reflexión y propuesta mucho más avanzadas, que no pocas veces protagoniza excluyendo en los procesos democratizadores (el movimiento feminista), ha conducido el rumbo de la delimitación en los varones profeministas a no sólo cuestionarse entorno al Sin Lugar Transitorio como etapa previa, sino a ir conformando espacios generadores de teoría, lenguaje propio y ejercicios sistematizadores de nuestra historia.


El profeminismo es diverso, en el trayecto entre lo liberal y lo radical subyace un rango de particularidades donde caben desde los hombres más congruentes con la equidad de géneros, hasta los varones mujeristas, quienes verdaderamente creen contar con la autoridad para juzgar o asociar aspectos de la violencia sólo hacia sus congéneres promedio, absteniéndose de involucrarse más en la etapa preventiva desde el sistema educativo .

Por todo lo anterior la invalidación de axiomas sobre la ubicación de los profeminismos subsumidos en uno sólo, parece ser lo único certero.

En términos organizacionales un grupo profeminista liberal implica una estructura formal o semiformal, que disponga de una agenda temática y que opera procesos de planeación en diferentes planos que posibilitan el trabajo interinstitucional. A diferencia, un colectivo de profeministas radicales apuesta hacia mecanismos de protesta de muy distinta naturaleza que se orientan a deconstruir la ideología del patriarcado; tiende a establecer vasos comunicantes con el altermundismo, la izquierda radical, los movimientos autónomos y las diferentes corrientes revolucionarias.

El profeminismo liberal admite la construcción de alianzas con otros movimientos, con agendas afines como los grupos defensores de los derechos humanos o las organizaciones que promueven la participación ciudadana en los asuntos públicos.

No solamente los nexos con las feministas, las y los activistas LGBT o las organizaciones ambientalistas son viables, la vía profeminista ha conseguido ampliar la carta de navegación de los feminismos que abrazan la equidad de géneros más allá del discurso.

El Profeminismo como otros seriados de enfoque analítico, es promotor directo de planes y procesos paritarios por el género, manteniendo como un eje fundamental la importancia de privilegiar los espacios mixtos que el movimiento feminista no ha conseguido establecer. La permanencia de condiciones para la discusión, la evaluación y la redefinición epistemológica debe ponderarse como una acción ininterrumpida, no sólo con polaridades parcialmente abiertas, con hombres en frentes feministas o con mujeres aportando elementos sobre las masculinidades; la sociedad la integramos unas y otros, y conjuntamente es como se crean los nuevos acuerdos y se proyecta el bienestar compartido, sin cotos.

Ejemplos fehacientes de la incidencia del profeminismo liberal (también calificado de reformista, pactista o institucional) son la participación en el Parlamento de Mujeres de México de 1998 a 2006, en los Tribunales Ciudadanos de Derechos Reproductivos de 1997 y el de Transparencia y Rendición de Cuentas de 2006, en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en México de 2003, o la Evaluación Déficit de la Perspectiva de Género realizada por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura en el año 2005.

El antecedente en la historia institucional de la equidad entre los géneros brota en un proceso, el de la Conferencias Mundiales sobre la Mujer organizadas por ONU (1975, 1980, 1985, y 1995) así como sus revisiones quinquenales en su 2ª etapa (Beijing + 5 en el 2000 y Beijing + 10 en el 2005). La lectura que tendría que darse en cada etapa es enteramente variable pero a la vez sustancial, porque nunca será lo mismo la presencia de delegados varones a nombre de equis Estado, que la posterior conformación del caucus de hombres especialistas en género, cuyos aportes han sido de otro nivel desde la 4ª Conferencia Mundial.
Los temas de análisis para los profeministas se han ampliado, principalmente en consideración a la latitud en donde hayan surgido, por lo tanto, en México se identifican ahora, la vinculación con los Derechos Civiles y Políticos, más los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), con base en los instrumentos internacionales suscritos por el país, pero simultáneamente en respaldar la construcción del discurso feminista trans. Todo ello sin desprenderse de su diseño estratégico de reordenamiento y resignificación de percepciones a favor de la equidad de género.

Visibilizar problemas sistémicos como la violencia de género no ha sido fácil, la cerrazón para no confrontarla ha conducido a la designación de comités ex professo que investiguen y reunan porcentajes por entidad federativa y así adquirir la credibilidad que permita la instrumentación de acciones gubernamentales e incluso de replanteación presupuestaria para dar una respuesta muy a título de paliativo.

Igual que con la discriminación de género, cuyo carácter estructural parece no querer reconocérsele más que en el discurso político y sin el compromiso integral, de todas las instituciones y de los demás actores sociales a pesar de las cifras de vergüenza arrojadas por múltiples diagnósticos internacionales, nacionales y por supuesto por los informes sombra (shadow reports) elaborados por las organizaciones civiles especializadas.

Discriminar y violentar constituyen dos armas culturales de complicada desactivación, mientras no se asuma el repensar alternativas bajo un paradigma de igualdad holística, bajo la lógica de otra propuesta civilizatoria, que enseñe a ver al Poder no como potencia monopolizable por unos, sino como auténtico recurso de transformación frente a las inequidades económicas, políticas y sociales de las personas, en los diferentes espacios de desarrollo.

Por eso la relevancia del Estado Transversal y de la medición de impactos con temporalidades específicas, por eso la implementación de medidas de contención y equilibrio básicas desde los tres poderes de la unión y desde los tres niveles de gobierno, para evaluar los datos duros en la contratación laboral, en la representación política, en la presupuestación programática, en la impartición de justicia y en la democratización de planos de decisión en la iniciativa privada nacional e internacional, tal y como lo han sustentado las recomendaciones conclusivas de la reciente Global Summit llevada a cabo en la Ciudad de México.

Pero en esa planeación de mujeres y del esquema feminista, ¿desde dónde colocan su visión los varones? ¿desde la ajenidad, la adición, la complementación, la ampliación o la imposición? ¿hablamos de elevar la calidad de vida con ventajas comparativas o de desarrollo humano sin sesgos de género? ¿sólo lo operativo en corto y mediano plazos o en simultáneo con las deconstrucciones culturales de larga data?

Disyuntivas, prioridades y apuestas ambiciosas sintetizan los planes del Profeminismo, de sus agendas y de sus métodos; con experiencias exitosas socializables que estamos aprendiendo a rescatar y a resguardar para ser leídos útilmente, para que la historia por la equidad entre los géneros no sea interpretada en clave masculina o en clave femenina, según el género del referencista, sino en aras de una pactación trascendida y consciente de personas comprometidas con heredar ideas sustentables hacia la igualdad.

Tenemos clara la necesidad de revalorar el papel de los varones coadyuvantes para la obtención del voto de las mujeres hace 53 años; de aprehender a enlazar en binomio paternidad con el mecanismo jurídico económico de la conciliación familiar y laboral; y de redescribir ahora y bajo el principio de la mixitud el planteamiento de la equidad de géneros.

El desafío más apremiante tiene que ver con los grandes aspectos para medirnos en la equidad de géneros; inscribir nuestros enfoques en terrenos aislados, se ha justificado para determinada fase, también las feministas lo han hecho, consiguiendo sólo productos unigenéricos, como agendas de políticas públicas e iniciativas de ley por los derechos humanos de las mujeres, e inclusive de 6 años a la fecha han logrado permear con sistemas de indicadores sobre mujeres, en las reformas estructurales de Estado (delineadas por organismos de mujeres del plano regional e internacional) pero en donde el tema de los productos de coparticipación intergenérica institucional siguen siendo escasos.

Sabemos que no hay ruptura de vínculos y que contamos con causas comunes y tópicos vértice, aunque los cruces requieren ser más sustanciales y éticos; hacer la diferencia precisa de apertura y de propuesta.


Junio de 2006
Guadalajara, Jalisco


El Impacto en los Varones de la Plataforma de Acción de Beijing

Lic. Jorge Yáñez López

La realización de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing, China, coincidiendo con la celebración del Cincuentenario de la fundación de Naciones Unidas, constituyó “un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad”, según quedó asentado en su Declaración de Objetivos.

A partir del reconocimiento expreso de no haberse logrado todavía la igualdad entre la mujer y el hombre, 10 años después de la 3ª Conferencia llevada a cabo en Nairobi, Kenia (1985), y bajo el Principio de que mujeres y hombres deben compartir el Poder, en aras de erradicar el déficit democrático caracterizado por las inequidades en razón del género, tanto en el Ambito Público como en el Privado, y entendida esta deseable Igualdad entre los Géneros como una cuestión de Derechos Humanos y una condición indispensable para el logro de la Justicia Social, la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer expone en su Informe presentado por el Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible (DCPDS) de las Naciones Unidas un grupo de 12 esferas de especial preocupación a ser contempladas por las estrategias gubernamentales, de la comunidad internacional, de la sociedad civil, de las ONGs y del sector privado, es decir, compromisos en diferentes niveles.

Posteriormente se efectuó la revisión quinquenal de la Plataforma de Acción Mundial (PAM) en el 2000 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en fecha cercana al pronunciamiento internacional conocido como “Declaración del Milenio” el cual considera ítems vinculantes dirigidos a eliminar la discriminación por el género.

México es uno de los países que ha invertido importantes esfuerzos para alcanzar y volver práctica cotidiana las acciones afirmativas a favor de la Equidad de Géneros. Sin embargo el factor masculino dentro del análisis únicamente ha tenido un uso exclusivo, como elemento comparativo para subrayar el superior grado de derechos de que disponen los hombres a diferencia de los que carecen las mujeres, hace falta profundizar también en las incidencias desagregadas para el otro género, que finalmente representa la otra mitad de la población mundial.

- Situación Legislativa

En la actividad legislativa federal, a raíz de la creación de las Comisiones de Equidad y Género como Comisiones Ordinarias para ambas Cámaras, el involucramiento de legisladores en asuntos de Equidad de Géneros se da desde la LVIII Legislatura, en donde 11 iniciativas fueron presentadas por diputados, más 2 relacionadas con derechos de la infancia (de niñas y de niños) y una en materia de tolerancia religiosa (Edo. Laico). A grosso modo cuantifican la mitad de legisladores respecto al doble de legisladoras (diputadas y senadoras) con iniciativas presentadas sobre diferentes temas relacionados con la Equidad de Géneros.

Esbozar la progresión gradual desde los hombres en síntesis arroja signos positivos, al menos la lectura primera no es la del rechazo a coparticipar de los temas, sin embargo la incorporación de varones hacia las Comisiones de Equidad y Género sigue siendo visto como algo propio para legisladoras. Aunque la misma tendencia ocurre en cuanto al número de legisladoras que buscan integrarse a comisiones relacionadas con aspectos estructurales como Fortalecimiento al Federalismo, Puntos Constitucionales o Hacienda y Crédito Público.

El mapeo correspondiente a las Legislaturas LVII y LVI resulta complicado, del año 1999 hacia atrás, debido a la ausencia de esa área específica para canalizar reformas sobre Equidad de Géneros, de hecho la mayor parte de los logros obtenidos en el 2000 (en lo constitucional, laboral, civil y penal) fueron pendientes muy reiterados, de varios años por la Agenda del Movimiento Feminista, desde las ONGs, algunas de esas demandas incluso, antes de la conformación de la Asamblea Nacional de Mujeres por la Transición a la Democracia.


Por otro lado ese reducido porcentaje de legisladores en las Comisiones de Equidad y Género en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, ha impedido experimentar la alternancia de género en los principales cargos de las Comisiones; habría que valorar la posibilidad de requisitar cuotas del 70/30 para todas las Comisiones del Poder Legislativo. A veces lo obligado contribuye a acelerar los procesos de modificación esquemática orientados hacia la Democracia.

El consenso indiscutible ubicó en el 2003 a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como el gran domo que acoje y da cobertura jurídica a mujeres y hombres por igual, a toda persona más allá de las diferencias de raza, género, estrato socioeconómico, escolaridad, orientación sexual, edad, etcétera. Dicha Ley Reglamentaria del art. 1º Constitucional se aplica también al primer párrafo del art. 4º, el cual representa el punto de partida del Sistema Jurídico Mexicano para enfocar la visión de los Derechos Humanos en vinculación con la Perspectiva de Equidad de Géneros.


- El Balance

La Conferencia de Beijing que finalmente implicó la cohesión nacional de las mujeres organizadas y con agendas progresistas, fue el sustrato que dio margen para robustecer el pliego de demandas de la Asamblea Nacional de Mujeres en octubre de 1995, y examinar con datos duros el fenómeno de inercia legislativa federal de 1989 a 1999, con un análisis de un decenio se evidenció que de 36 iniciativas presentadas a favor de los derechos de las mujeres, sólo 3 habían prosperado. Es decir, la necesidad de acelerar avances en este plano clave encontró mucho de su razón de ser a partir de esta circunstancia.

Los hombres de la Sociedad Civil Organizada relacionados con las cuestiones de géneros, han seguido la costumbre de insertarse en las fases de los Movimientos Feminista y Amplio de Mujeres, coadyuvando y aportando la expertisse personal, pero posicionando en reducida proporción elementos sobre transiciones intermodélicas masculinas, intergeneracionales, de esquemas inacabados de las relaciones intergenéricas en los distintos ámbitos sociales.

Redondeando esta idea, por un motivo estrictamente metodológico, los varones no podemos evaluar la PAM de Beijing según sus estrategias y marcajes establecidos, lo que si procede es capturar información sobre los actos respuesta que este proactivo planificado y sustentado por los 3 paradigmas de la Teoría de Género, ha ocasionado o incidido en los hombres o en algunos de los sectores de la población masculina de 1995 a la fecha.

En ese tenor, las reformas al COFIPE de junio del 2002 para garantizar el Sistema de Cuotas, en calidad de Acciones Afirmativas desde las elecciones del 2003, constituyeron una primera etapa más de carácter sensibilizatorio que obligatorio para los partidos políticos; compartir el recurso de transformación denominado Poder, ha sido el inicio de uno de los procesos de replanteamiento del concepto de Democracia que ha tenido que irse reedificando desde lo Público.

Las cuotas deberán ser reenfocadas también como parte de los criterios de apertura en la conformación de los CENs de los Partidos Políticos, puesto que no es sólo la imagen electorera lo que cuenta, sino la ruptura de cotos y de monopolios erigidos con base en el género.

La educación no se constriñe únicamente a la Preceptiva Tradicional, la incorporación de elementos que soportan una Pedagogía de la Igualdad, también son parte de esa transversalidad de la Perspectiva de Géneros, tanto en la Ley General de Educación, como en los programas y políticas públicas dentro de la misma materia, cuanto en la regulación de los Medios Masivos de Comunicación.

Sin embargo para contener y plantear acciones preventivas al problema social de la violencia, ha sido preciso ir avanzando consistentemente en su análisis, la 2ª mitad de los años 90´s se caracterizaron por la promulgación de leyes locales para prevenirla y completar el cuerpo de disposiciones con una Ley Federal en el año 2000. Las fases subsiguientes a este proceso continúan, pero no solamente con el imperativo de homologación de esta legislación con base en los más altos stándares, aparejadamente se ha ubicado el enfoque de la violencia en un 2º paradigma que va más allá de la corrección con el Sistema de Justicia y mediante prohibición y pena a los agresores, adquiriendo así tanto el Sistema Educativo como el de Salud un rol de primer grado de responsabilidad.

Debido a estos enfoques cabe afirmarse que para la población masculina con una conciencia de Equidad de Géneros, los contextos actuales no pueden dejar de verse diferentes a partir de la Era Post Cairo y Post Beijing, porque en síntesis lo legislable y lo aplicable vía políticas públicas no nada más ha comprendido a las mujeres, también ha impactado a los varones.

En este sentido, el objetivo social de las Acciones Positivas, derivadas precisamente de la existencia de marcos de inequidad en el acceso a derechos, ha debido revisar la percepción colectiva en torno a los Derechos Humanos, contemplándose una depuración paulatina de los sesgos por el género.

Sustentando reformas en materia penal federal; articulándose los mecanismos para la implementación de la Convención de Belém do Pará del plano regional al nacional; ratificándose el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en el 2002, luego de 20 años de haber sido suscrita por México. Y el progreso de visión que significó incluir en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, auspiciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas del ramo, el capítulo referente a los Derechos Humanos de las Mujeres, en el 2003.

En ese trayecto entre distintas áreas, por cierto todas integradas en la PAM de 1995, puede enfatizarse que a un importante porcentaje de hombres les resulta prioritario que los Presupuestos Federales incluyan el Enfoque de Equidad de Géneros, tanto como el diseño y aplicación de Políticas de Conciliación Laboral y Familiar, es decir, no como un asunto de superposición temática con base en criterios de gradual relevancia para la agenda de los hombres organizados, sino a manera de ejercicios de horizontalidad a favor de la Equidad de Géneros.


- Proyecciones hacia el Bienestar Compartido

Los varones requerimos conferirle mayor atención a lo que posicionalmente representa la PAM de Beijing en relación a los esquemas de la Agenda Mundial de Mujeres; los compromisos internacionales y regionales, como las instancias, comités y foros de distinto nivel de acción están directamente interconectados con los Estados Parte en su sistema jurídico y en sus políticas gubernamentales.

Especial atención para este año 2005 de particular trascendencia, ya que concluye su evaluación con la referida PAM o PAB (B+10), a la par que ha revisado tras 5 años las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM5) y en conjunción también habrá valuado alcances y obstáculos a 30 años de declarado el 1er Año Internacional de la Mujer y la Conferencia Mundial fundante de estos procesos, celebrada en México en el año de 1975.

La principal coincidencia entre los varones denominados “solidarios, compañeros de ruta o profeministas”, que igual asistieron a la Conferencia de Beijing, que a las reuniones anuales del Parlamento de Mujeres de México, o a los diversos foros y congresos convocados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, radica en propender por una Agenda a favor de la eSiuidades entre mujeres y hombres.s para gobernar, legislar e impartir justicia, porque con ello se niega e invisibliza la exisquidad de Géneros que contemple a todas y a todos, pero ausente de criterios neutros para gobernar, legislar e impartir justicia, porque con ello se niega e invisibliza la existencia de inequidades entre mujeres y hombres.

Si, la violencia de género está extendida a nivel nacional y es silenciada pues se argumenta que no es nota periodística equiparable a las de los grandes problemas nacionales; si, la trata de personas, subrayadamente de mujeres y de niñas sigue omitiéndosele como si ésta fuera mínima y elegida por sus víctimas; si, la discriminación hacia la diferencia sexual es la más fomentada institucionalmente; la conciencia de los focos rojos atendibles es la primera etapa del compromiso de coparticipación.

La práctica del diálogo mixto tanto como la apertura para escuchar las necesidades de la otra, tienen que ser eje e hilo conductor de los acuerdos, de la toma de decisiones y de la planeación de directrices y estrategia desde la sociedad civil, el gobierno y los espacios parlamentarios.


Es por ello que por el profeminismo liberal se sugieren los siguientes 10 requerimientos para una real Equidad de Géneros:

Se precisa crear sistemas de indicadores para el género masculino frente al vacío que INEGI, CONAPO y PNUD presentan.

El modelo sobre violencia debe concentrarse más en la etapa preventiva desde el sistema educativo para eliminar de raíz la visión de agresores en potencia o directos.

Apremia repensar otras alternativas de tratamiento a agresores y no reducir a los Programas de Intervención para Agresores (PIAs) la solución de la violencia de género.

La inclusión de varones con trabajo en materia de Equidad de Géneros en procesos legislativos y de diseño de políticas públicas, debe constituir un criterio obligado para garantizar la mixitud en la construcción de la Democracia.

El impulso de Leyes sobre Paternidad tiene que estar directamente vinculado con enfoques sobre Conciliación Familiar y Laboral.

Reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de manera que sus alcances no se limiten únicamente a la emisión de recomendaciones, en especial partiendo de la ausencia de tipificación del delito de discriminación en la mayor parte de los códigos penales locales.

Involucrar a la Iniciativa Privada y a los Partidos Políticos a incorporar el Sistema de Cuotas en sus Consejos Directivos y en sus Comités Ejecutivos Nacionales para descentrar a la Acción Positiva de la sola aplicación a la Administración Pública y a los Procesos Electorales.

La Perspectiva de Géneros debe dejar de parcializar su transversalidad, para evadir aspectos de la Agenda Pública como las sanciones a los contenidos discriminatorios y promotores de la violencia en la Ley de Radio y Televisión; el financiamiento público para la capacitación de las candidaturas de mujeres a cargos de elección popular en el segundo grupo de reformas al COFIPE; en los programas del Desarrollo Social que incentiven la participación de las mujeres en la vida pública; o la desagregación por sexo sobre el uso y disposición de recursos en la presupuestación pública.

La composición de cualquier clase de Observatorio sobre la Equidad de Géneros a nivel institucional debe contemplar a mujeres y a varones con tendencia a la paridad.

La Perspectiva de Género en el marco de la Educación Legal en Derechos Humanos debe articular la aplicación de los stándares internacionales derivados de los Convenios suscritos por México para conseguir el acceso a la justicia en los tres niveles de gobierno.


13 de Diciembre de 2005
Cámara de Diputados


domingo, 25 de mayo de 2008

Hombres y Requerimientos de Género en los Espacios Laborales

Lic. Jorge Yáñez López

El análisis de las circunstancias cambiantes entre los varones y su espacio laboral, identidad masculina y trabajo, así como la problemática socioeconómica del desempleo y sus impactos en sectores masculinos, ineluctablemente conduce al análisis de las subjetividades enmarcadas en un determinado modelo comportamental, en un esquema requisitorio de ser varón junto con sus expectativas culturales.
El modelo tradicional de la masculinidad configurado bajo patrones rígidos y univisionales, ha representado un longevo estatuto obligatorio, cuyas mutaciones de forma han oscilado dentro de un rango acotado y signado más por el carácter acomodaticio, que por el evolutivo.
La concepción plana del ámbito público como territorio connatural de los varones y del ámbito privado circunscrito sólo para las mujeres, contribuyó a acuñar prácticas obligadas para unos y otras en sus respectivos radios de acción impuestos. Los hombres como únicos proveedores económicos y los desligados de cualquier clase de responsabilidad o labor intradoméstica, de larga data, roles inflexibles, reforzados por las instituciones e incuestionados por un pragmatismo social, calificado por la teoría feminista de la segunda mitad del siglo XX como Patriarcal, y como parte de una mecánica de explotación humana según los estudios sociológicos.
Pero la irrupción histórica de la Perspectiva de Derechos Humanos y de los Men Studies emanados desde las universidades anglosajonas, complementaron proponiendo masculinidades alternativas, apoyados en ideas tales como “Democratización del Trabajo Doméstico, Discriminación Laboral, Equidad de Géneros y Conciliación Familiar y Laboral”, ampliando las posibilidades de elección para combinar aspectos, tiempos y tareas de las esferas pública y privada.
Así mismo lo no previsto adquirió una considerable relevancia, es decir el desempleo, derivado de crisis económicas, conflictos armados o criterios de cualificación aplicados a trabajadores, que colisionó el postulado de “lo esperado, lo acostumbrado y propio de los varones” de acuerdo al modelo de masculinidad tradicional, aparejado a la valoración que las sociedades dan cuando a partir de la no generación de ingresos, producto de la contratación formal, la calidad de hombre disminuye.
Bajo esta lógica, el efecto que el fenómeno del desempleo ha causado en los varones promedio se comprende direccionando la preceptiva masculina sobre el trabajo:
A los hombres se les educa para salir a trabajar y no para quedarse en casa a trabajar.

El varón que cubre gastos y mantiene a una familia es el Jefe de Familia.
La autosuficiencia económica proporciona a los hombres Poder y derechos.
El orgullo y la dignidad en un hombre se pierden cuando se carece de un trabajo.
En congruencia con la cuadratura de estas reglas que trascienden el tiempo y el lugar, pensar en otro tipo de opciones simplemente es pensar en lo inexistente.
El “entonces qué soy y dónde me ubico” por lo general no ha sido un proceso caracterizado por resignificar la autopercepción, la certeza básica usada como asidero es que las soluciones alternas entendidas como la lástima y el riesgo de pérdida del monopolio de ése Poder y esos derechos, se traduce en aquello que menos se está dispuesto a aceptar.
La desocupación produce una conmoción en la subjetividad (como afirma la psicoanalista argentina Elisa Franz), cuando un hombre no cuenta con los medios para cubrir las necesidades materiales de su familia, la identidad suya se ve seriamente cuestionada.
Hay una pérdida de ésta, porque además de sentir la presión económica social, se presenta una cesión de ego, por eso muchos recurren a crear una imagen de apariencia, a fingir un status perdido. Emergen interrogantes respecto a la capacidad y a la posibilidad desde uno mismo.
Al producirse cambios en los roles tradicionales de manera involuntaria con relación a la compañera sentimental o esposa, no todos logran adaptarse, ya que como comenta el psicólogo costarricense Rafael Moya, no se enseña frente a esta crisis a los varones que no son sólo proveedores, que son personas y hombres, no importa si la mujer percibe un mayor salario que él, los hombres tienen la capacidad para dar amor y cariño.
Esto último a colasión del distanciamiento y renuencia al diálogo con la pareja y en general con la familia, como actitudes defensivas erróneamente enfocadas por los varones parados.
El determinante primario de lo que se es no debe ser el trabajo, lo que implica una transformación de patrones ideológicos con los que casi todos los hombres son formados desde muy jóvenes. Para la mayoría de las sociedades occidentales entrar al mundo del trabajo público y productivo significa ingresar a la hombría, un elevado porcentaje de la construcción del modelo tradicional de masculinidad tiene ahí sus cimientos y de ello alimenta su autoestima; por lo mismo un despido laboral no causa un efecto parecido en la población femenina, origina la preocupación de subsistencia pero no coloca en crisis, puesto que su identidad no depende por mandato cultural de trabajar y proveer nada más.
Lo lamentable subyace en la percepción masculina de valorar el desempleo como un fracaso personal (como si del trabajador dependiera siempre conservar o quedarse sin el trabajo) según plantea el profeminista anglosajón Mike Leach.
Pero el aporte de las masculinidades alternativas no ha llegado aún a abarcar un nuevo modo de integrar la función y el significado del trabajo en los varones, lo atípico simbolizado y sustentado no desde la lógica de la era industrial, es parte de los pendientes que ayudarán a darles un esquema diferente y legitimador de ocupaciones y empleos, más allá de jerarquizaciones y posibilidades inflexibles, y todavía más, de concebir al trabajo no como el centro y motor del ser masculino (tan sólo como una arista conformativa de valor regular).
Mientras tanto, y desde la visión convencional, la importancia del empleo no radica en sus condiciones porque éstas no siempre son las óptimas en una escala de mínimos aceptables, conservándose como único interés claro, el de ganarse la vida. En investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre género y empleo, se demuestra que a los varones con desventajas les preocupa más la oportunidad de evidenciarse de utilidad y contar con un trabajo seguro, que del ambiente en general.
El factor que posee un peso relevante es el económico, la cantidad de dinero importa más que el nivel ocupacional o la cualificación en estructura; aunque para algunos estudios latinoamericanos en realidad, más que la paga en si misma, es la percepción de justicia y las prácticas justas de ascenso.
Cabe hacer la separación de circunstancias según el caso del desempleo en los varones, esto es, no se trata únicamente del supuesto en que existiendo ya una relación laboral de cierto tiempo, ocurre entonces el despido o la renuncia atribuída a determinados factores; también acaecen las negativas de contratación en varones jóvenes y adultos, en ambas probabilidades se viven realidades de naturaleza disímil.
La población masculina joven no por carecer de la estricta clase de responsabilidades familiares de un hombre adulto (del cual dependen incluso jóvenes), deja de experimentar un contraste hostil con un sistema o un gobierno que no consigue generar el número de oportunidades laborales que se demandan; ahí se colapsan los “absurdos de la planeación” porque lo cotidiano rebasa:
Desde la niñez se educa para adquirir destrezas y las directrices para la inclusión comunitaria (para ser un hombre de provecho).
Se enuncia la meta de llegar a una mejor calidad de vida (la que no está totalmente definida, tampoco se tienen certezas axiomáticas para alcanzarla).
Así las cosas, el desempleo no se traduce sólo en falta de recursos económicos, sino en marginación y expulsión de un espacio para su identidad personal y social, puesto que se priva de una fuente de supervivencia, autorrealización y reconocimiento; figurar con la calidad de desocupado pesa, cambia drásticamente la manera de apreciar la realidad y arroja frustración.
Los escenarios para el varón adulto desempleado son diversos y relativos, en ese espectro se contemplan desde actitudes – respuesta de perseverancia para encontrar otras opciones, aunque estas no sean tan lucrativas, hasta expresiones de violencia hacia la familia y el en torno cercano, pudiendo en situaciones extremas llegar a desarrollarse ciertas adicciones como el alcoholismo (agravando así la dimensión del problema).
Ahora bien, del lado de los empleadores durante años el mayor interés se concentró hacia el rendimiento de los trabajadores, actualmente es la calidad de vida vinculada a resultados satisfactorios; pero ha sido sin duda la satisfacción laboral el aspecto – parámetro, porque expresa el grado de eficacia eficiencia y efectividad alcanzado por una empresa a partir de indicadores de comportamiento.
La medición de la satisfacción laboral representa un sistema de diagnóstico hacia los espacios de trabajo, que transparenta problemas de mayor preocupación, descontento del personal y otros datos. Lo cierto es que la satisfacción laboral repercute directamente en la salud mental y en consecuencia en la calidad de vida de los miembros de una organización productiva.
En México, desde la segunda mitad de los años 90´s del siglo XX la tendencia a analizar y evaluar el clima organizacional fue incorporándose a la visión de las políticas públicas en materia laboral, junto con los proyectos de Partido en materia económica del denominado “gobierno del cambio”.
A decir del entonces presidente de la COPARMEX, Carlos Abascal Carranza y su idea compartida con el aún Secretario General de la CTM, Fidel Velásquez, en el documento “Por una Nueva Cultura Laboral CTM – COPARMEX”, que al año siguiente (1996) se firmó entre el Congreso del Trabajo y el Consejo Coordinador Empresarial, el segundo documento “Principios de la Nueva Cultura Laboral” en presencia del ex presidente Ernesto Zedillo, el impulso ya como Secretario del Trabajo, fue inmediato.
Sin embargo, su personalidad ideologizada por el pensamiento sinarquista, vino a causar mella a este proyecto de política laboral cuando sus declaraciones (de Abascal Carranza) ampliamente difundidas a partir del 14 de marzo del 2000 en su documento “Que espera México de las mujeres”, en el cual responsabilizaba a las trabajadoras de la “desestructuralización de la familia debida a la ausencia de la madre del seno del hogar”.
Acto que produjo una reacción inmediata de legisladoras, funcionarias públicas y organizaciones feministas que rechazaron su postura segregacionista hacia las mujeres trabajadoras que representaban entonces el 40% de la población económicamente activa.
Pero el efecto del posicionamiento ideológico desembocó en una reapertura de discusiones postergadas respecto al presupuesto asignable a la política pública sobre equidad laboral con perspectiva de género, así como a la exigencia de remuneración al trabajo doméstico mayoritariamente realizado por mujeres y en aras de cuantificarlo como parte del PIB. En las áreas de trabajo a final de cuentas operan criterios de valoración que colocan a las mujeres trabajadoras como prescindibles o consideradas sólo para ser ocupadas informalmente, es decir, la estabilidad laboral no está garantizada en ninguna etapa de lo que dure la relación laboral.
Regresando a la Nueva Cultura Laboral, sus bases teóricas sintetizadas en un trato más comprensivo, valorador del desempeño y abierto a las opiniones del trabajador, por parte del empleador; se toparon con un proceso de reforma a la Ley Federal del Trabajo, paralizado.
Reforma conformada por paliativos gubernamentales y por modificaciones operativas del aparato burocrático, en lugar de transformaciones sustanciales en las relaciones y actividades incididas por el género o en la lógica esquemática del binomio Hombre – Trabajo con impacto en las familias.
Los aspectos familiar y laboral en los hombres, no pueden ser abordados como tópicos aislados y para medir empíricamente los impactos del desempleo en éstos (los hombres) deben ser retomadas todas estas variaciones normativas, culturales y contextuales que redefinen a las subjetividades masculinas.
En México la ideología familista de Derecha ha pretendido pautar bases para la elaboración de políticas públicas a través de su idea tergiversada de la Perspectiva de Familia, acotándola exclusivamente al modelo de familia tradicional e ignorando los arreglos familiares desprendidos de las relaciones familiares en transformación, que interactúan con los espacios de trabajo y educativos.
La relevancia de este enfoque de desarrollo humano y colectivo es medular para los procesos de crecimiento económico y reforzamiento del tejido social, pero aplicado libre de pulsiones conservadoras, esto es, como visión integral sobre el concepto de familia, dirigida a la instrumentación de acciones gubernamentales en los tres poderes de la unión, para su preservación y fortalecimiento.

Únicamente la propuesta oficial firmada por la CTM y el Partido Revolucionario Institucional, incluye cuatro planteamientos relevantes para el análisis:
a) Sustitución de la figura de Patrón por la de Empleador.
b) Libertad de convenir entre trabajadores y empresas sobre días de descanso obligatorio.
c) Formación de Comisiones de Obreros y Empleadores para investigar Centros de Trabajo con mayores índices de riesgos laborales.
d) Sanciones contra Empleadores y Trabajadores que incurran en hostigamiento sexual.
Esta última, causa de notoria irritabilidad tanto en sindicatos como desde el sector de empresarios, se integró luego de una trayectoria muy accidentada debido a las posturas reacias a su aceptación. Esta situación sencillamente corroboró lo ya externado en múltiples foros locales y nacionales por las organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres, en cuanto a la falta de respeto a la dignidad y a la igualdad de oportunidades en las áreas de trabajo.
Las reflexiones al respecto no pueden eludir la indiscutible realidad sobre la legislación laboral expedida hace 75 años (LFT) con un marco normativo sólo para los varones, quienes ocupaban el total de los Centros de Trabajo y a quienes se les remuneraba, mientras las mujeres permanecían en sus casas. Lo principal tutelado son los derechos relacionados al ejercicio de la maternidad y cuyo grado actual de inadecuación, tanto para sus tiempos biológicos como para la combinación de sus tiempos de trabajo doméstico, convierten en obsoleta a la ley laboral.


Este panorama de desbalance ha expuesto la demanda de vincular y aplicar al menos siete convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) :
1) Convenio 100 sobre Igualdad en la Remuneración.
2) Convenio 102 sobre Seguridad Social.
3) Convenio 103 sobre Protección a Madres Trabajadoras.
4) Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación).
5) Convenio 156 sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares.
6) Convenio 171 sobre el Trabajo Nocturno.
7) Convenio 183 sobre Protección de la Maternidad.

En el año 2003, fue elaborado el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México por parte de especialistas seleccionados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, albergando además de esta demanda, la recomendación de adecuar los horarios de los servicios públicos y privados enfocados a atender a progenitores de ambos trabajadores y a sus hijos e hijas; de establecer un Observatorio a rango institucional que monitoreara y evaluara los niveles de discriminación en los espacios laborales, incluídos los sindicatos; así como fijar un órgano revisor del cumplimiento de la legislación laboral en las plantas maquiladoras.
Lo destacable del procedimiento anticipado a la integración del Diagnóstico consistió en que para el capítulo sobre derechos humanos de las mujeres, intervinieron varones de grupos profeministas y de estudios sobre masculinidades, por un sentido de lógica elemental, ya que lo que impacta positiva o negativamente en un género, repercute a su vez en el otro, esto ha sido decisivo en la práctica recurrente de generar sistemas de indicadores solamente para un género.
Con el propósito de buscar otras vías que se dirijan a equilibrar los escenarios inequitativos de mujeres y de hombres, de trabajadores y trabajadoras, a nivel legislativo y de políticas públicas, se ha experimentado en varios países de la Unión Europea. el sistema de Conciliación Familiar y Laboral, como parte de un proceso de aprendizajes de interacción proporcional entre lo público y lo privado, con mecanismos flexibilizantes de tareas y tiempos en los centros de trabajo, en los centros educativos y en el ámbito familiar, a manera de piezas de un mismo circuito.
Este modelo se vertebra por cuatro lineamientos estratégicos:
1) Flexibilizar horarios de trabajo, por medio de legislación en torno a Maternidad / Paternidad y sobre medidas concretas de conciliación.
2) Ayudas a familias con hijos menores, al través de subvenciones económicas por número de hijos (a partir del 2o y 3er hijo se contemplan subsidios familiares).
3) Apoyos a familias con personas dependientes, es decir, ayudas indirectas o fiscales, deducibles a progenitores con determinado porcentaje de ingresos fijos y ayudas de seguridad social).
4) Haciendo un reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre el hombre y la mujer, mediante infraestructuras para la familia, favorecidas por el Estado (guarderías).
En esta serie de ensayos perfilados a repensar las relaciones laborales y los modos de organizar la sociedad, ha sido factible detectar desde un apropiamiento estrictamente economicista (con los conceptos de la cultura familiarmente responsable y el desempeño eficaz del trabajo, dejando fuera a otros agentes sociales insustituibles como el Estado), hasta deficiencias interpretativas a nivel gubernamental.
Sobre el primer aspecto, se advierte difícil compatibilizar una visión de Políticas Empresariales Familiarmente Responsables (EFR) cuando históricamente, el esquema latinoamericano, que incluye a México, en legislación laboral, se ha inclinado más por preservar el carácter tutelar hacia la clase trabajadora.
Y en cuanto a la segunda consideración, apremia cambiar la lógica de la interpretación sobre el objeto de la conciliación, que no surge sólo de la necesidad de las mujeres de entrar al mercado laboral. La conciliación está representada como un problema de las mujeres en general y de las madres trabajadoras en particular; se da a entender en los documentos que si no hay hijos/ as de por medio, no hay nada que conciliar y si las madres no se encuentran insertas en el mercado laboral, tampoco. El problema debe interpretarse dando más importancia a la desigualdad de género y a la división sexual del trabajo.
Bastante del análisis de los marcos interpretativos, que describen y analizan la desigualdad de género representada o interpretada en las políticas públicas de seis países miembros de la Unión Europea (dos del sur de Europa, España y Grecia, dos del centro, Holanda y Austria, y dos del este, Hungría y Eslovenia) se encuentra en el proyecto Europeo de MAGEEQ.
Un caso de ejemplificador del enfoque adecuado, es el Plan de Igualdad del País Vasco, que define el problema en términos de falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, con énfasis en el ámbito privado. También promueve el trabajo flexible tanto para los hombres como para las mujeres para hacer posible la conciliación de la vida laboral y la vida personal.
Mientras la política familiar articulada a través de prestaciones monetarias tiene por objeto capacitar a las personas beneficiarias de las mismas a hacer frente adecuadamente a los gastos que comporta tener una familia, la conciliación de la vida laboral y familiar proporciona tiempo.
Algunos de los programas de las principales políticas de conciliación son:
Flexibilidad= horarios flexibles, teletrabajo, semanas laborales comprimidas, horas por año, puestos compartidos, reducción de jornada y trabajo a tiempo parcial.
Políticas Excepcionales= baja maternal o paternal, excedencia para atender a los hijos, días libres por razones personales, baja por enfermedad, cuidados especiales, tiempo sabático y vacaciones no remuneradas.
Servicios= guarderías, ayudas económicas para gastos por cuidado de hijos e hijas y personas mayores, servicios de información, beneficios extrajurídicos (planes de pensiones, seguros de vida, seguros médicos y otros), formación, mentoría profesional y cheques servicio (disminución de coste – hora al usuario del servicio).
Apoyo Profesional= programas de salud y programas de asistencia a empleados.
Sin embargo la conciliación aplicada a casos como España también ha dado lugar a la detección de deficiencias; un estudio al respecto presentado por el Instituto de la Mujer ha explicitado que un 41% de los responsables de personal de las empresas sostiene que la aplicación de medidas de conciliación supone una limitación de su competitividad. Además, el 5.9 de trabajadores varones que han hecho uso de alguna medida legislativa manifestaron haber tenido consecuencias negativas, algo que se explica teniéndose en cuenta que una de cada cinco empresas contemplan en su convenio colectivo un reconocimiento a medidas de conciliación.
Contrariamente a lo pretendido, muchas de las políticas públicas pierden su vocación universal para convertirse en “políticas para mujeres” que acaban frenando procesos igualadores. Viejos paradigmas como la cultura del trabajo presencial y las largas jornadas laborales, según las cuales la productividad suele asociarse al tiempo que un empleado o empleada pasa en el lugar de trabajo, obstaculizan la consecución del equilibrio entre vida y trabajo que permita a los trabajadores alcanzar un estadio de bienestar personal y laboral.
Se continúa esperando del trabajador que reúna ciertas características tradicionalmente consideradas masculinas, que anteponga todo a su carrera profesional, que no esté coartado por unas obligaciones familiares que reclamen su dedicación a ellas. Y por último, los centros escolares, la banca, la administración y los establecimientos comerciales prosiguen respondiendo a un modelo de familia mantenedor / ama de casa que ya no se corresponde con la realidad y plantea serias dificultades a aquellos que están sujetos a un horario laboral tradicional.
Ante ello, y porque lo multifactorial del entramado público encuentra varios de sus orígenes en el mundo de lo privado, se ha apostado en los niveles locales de países como España, con propuestas de nivelación de roles por el género, hacia menores de edad fluctuantes entre los tres y los seis años, dentro de la educación básica, teniendo como punto de partida el carácter de agentes principales de socialización a las familias y escuelas.

Al través de documentos de apoyo familiar que evidencian las deficiencias a mediano y largo plazos que la normatividad dicotómica y la organización doméstica tradicional habrán de ocasionar a mujeres y hombres, pero que aunadamente orientan con esquemas de posibilidades que cesan los papeles fijos en lo referente a la promoción laboral equilibrada para una y otro, la formación o especialización profesionales y la repartición a porcentajes de 50 a 50 del tiempo invertido para el rubro de Economía del Cuidado (que abarca la atención a hijos e hijas, a adultos mayores y a familiares enfermos o discapacitados).
La conciliación de ambos ámbitos trae a colación problemas recurrentes como el emplear a una persona (mujer por lo general) para llevar a cabo las tareas domésticas y del cuidado, dejando a los varones en un status de invisiblidad en cuanto al involucramiento y corresponsabilidad desde lo privado. Las soluciones privadas perpetúan las desigualdades estructurales relativas al género, la clase y la nacionalidad, por eso la insistencia en las políticas públicas europeas de no reducir a asuntos privados, las soluciones quedan entonces fuera de la competencia del Estado.
Debe reconocerse el papel de hombres cuidadores (Economía del Cuidado) y copartícipes de las tareas intradomésticas, e incluso ir comenzando a desmantelar lenguajes desfasados que monopolizan espacios (“Ama de Casa” o “Jefaturas Familiares”). Conciliación y Democratización son conceptos indisociables y cuyo fincamiento simbólico y vocabular debe partir de elementos compartidos equitativamente, como la toma de decisiones acordadas más allá de jerarquías o desintereses estereotipados.
Una ínfima parte de la población masculina se acoge al permiso parental, las campañas gubernamentales no se han avocado a promover esta clase de planteamientos en su idea de Paternidad Responsable (que no se restrinje a la manutención solamente), ni tampoco a recabar opiniones de los hombres acerca de las licencias de paternidad, simple y llanamente han sido incorporaciones en los contratos colectivos de trabajo, en algunas entidades federativas.
Pero la adopción de las líneas de la conciliación familiar y laboral para las empresas ha sido un agregado si bien no siempre por convicción, de acuerdo a estudios en Estados Unidos y España (y en opinión de la Dra. Nuria Chinchilla, directora del Centro de Investigación Trabajo y Familia de España), cuatro factores al menos, impulsan su puesta en marcha:
El tamaño de la empresa.
El porcentaje de empleadas.
La competitividad del mercado laboral.
El grado de preocupación por reclutar y retener a su planilla.
Algunas empresas británicas han hecho números y han llegado a la conclusión de que las inversiones en políticas familiarmente responsables ahorran a la empresa grandes sumas de dinero. Por ejemplo, la empresa Xerox cifra en un millón de libras el dinero que una política flexible de maternidad, con reducción de horarios y facilidades respecto del lugar de trabajo ha ahorrado a la empresa en cinco años, al evitar la fuga de talentos y el proceso de selección. Lloyd TSB registra los índices de abstencionismo laboral más bajos del Reino unido lo que le supone un ahorro de 10 millones de libras por punto.

Variadas empresas australianas, estadounidenses, canadienses, británicas, alemanas y japonesas han puesto en marcha programas estratégicos de conciliación laboral y familiar, de la misma manera que son muchos los estudios que han demostrado la solvencia de las mismas.
De ahí que se establezcan como principios de las políticas empresariales de conciliación vida familiar – vida laboral que:
Se consideran desde una óptica de responsabilidad social.
Los planes deben promover una prestación de cuidados familiares compartida, igual por hombres que por mujeres.
La imagen pública de la empresa como agente económico progresista y socialmente responsable es cada vez más relevante.El compromiso de equilibrios entre los diferentes actores sociales (Estado, Iniciativa Privada, Trabajadores) resulta fundamental, aunque la premisa inicial tendría que acudir a visualizar a la conciliación como una parte integral del problema de la desigualdad de género, no como una solución.

Las nuevas circunstancias y condiciones para los trabajadores, simultáneamente a las iniciativas de equidad, han propiciado dar visibilidad a problemáticas ya conocidas pero antes, omitidas por diferentes factores, exempla gratia, el mobbing o acoso moral, abordado a principios de los años 80´s en los países escandinavos y que describían una presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador, mediante su denigración en el espacio de trabajo.
Con excepción de la tipificación penal del hostigamiento sexual, no existe regulación específica de estas conductas en la materia laboral, aunque se tiene claro que debe contemplarse el derecho a la integridad física y una adecuada seguridad en el trabajo.
Con base en datos de un estudio del 2002 de la Universidad de Alcalá de Henares, el mobbing afecta al 11.4% de los trabajadores españoles y cerca del 33% de los trabajadores de la Unión Europea sufre de este acoso moral o psicológico en el trabajo.
En el caso de México, un desafío en el análisis de vías para conciliar responsabilidades de familia y del trabajo, persiste frente a la miopía de varios sectores feministas cuya parcialidad de visión como grupo de interés específico, tan sólo ve las condiciones inequitativas de las mujeres trabajadoras y sus alternativas de superación desvinculadas de la interacción con sus compañeros de trabajo y en sus relaciones de pareja.
Los intentos de adecuación de este par de aspectos mediante apreciaciones sesgadas por un trasfondo esencialista, a lo más duplican el árido panorama de la conciliación, porque no se trata de armar un paquete de acciones afirmativas en el área de seguridad social para las trabajadoras (muestra de ello, el texto propositito de un grupo de organizaciones de mujeres que plantea cambios, desde el 2004 a la Ley Federal del Trabajo con el impulso del PRD).
El mapa de modificaciones al sistema jurídico mexicano y a los modelos de política pública es más amplio e incluye en términos preactivos a los varones en lo laboral, familiar y personal.La negación de las realidades para encarar el problema de la incompatibilidad para el cumplimiento de lo demandado por familia y trabajo, exige ser mutado por un código vehicular común traducido en derechos y acceso a oportunidades igualitarias.


La realidad presente es la que no ha variado, finalmente no siempre se puede prescindir del trabajo o se depende de él absolutamente.
Sin ánimo de concluir, bien cabe cerrar este repaso de cambios recientes en el género masculino y esa justificación ocupacional para la vida adulta llamada Empleo, enumerando algunas ideas – base para el futuro inmediato:
1) Los varones trabajadores deben aprehender a vivir la mixitud, iniciando por una cohabitación lo más paritaria posible en los centros de trabajo.
2) La frustración psicológica ocasionada por el desempleo en los varones, a pesar de encontrar válvulas de subsistencia (conducción de vehículos de transporte público, inserción en las filas del comercio informal, prestación de servicios profesionales independientes, migración, etc.) no sólo merma expectativas de desarrollo, sino que es indicador de fracasos del modelo económico nacional adoptado.
3) Los arreglos familiares de los últimos quince años, han servido como sucedáneos de los modos de organización autoritarios, presentando espacios de decisión y de colaboración colectivos, delimitados a partir de pactaciones equitativas.
4) Se precisa tomar en cuenta que tanto el hostigamiento sexual como el mobbing o acoso moral, lesionan el potencial de Desarrollo Humano, independientemente de quien acose u hostigue.
5) Las Políticas de Conciliación Familiar y Laboral deben ser vistas no como planes de discriminación positiva, sino como propuestas modélicas de justicia laboral y familiar orientadas al Bienestar Compartido.
BIBLIOGRAFIA.:

Ausfelder Trude, Mobbing el acoso moral en el trabajo, Edit. Océano – Ambar, Barcelona España, 2002, 160pp.

Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, SIRED y Unión Europea, Coeducar para la conciliación de la vida familiar y laboral (Cuaderno para la Familia), Madrid España, 2003, 20pp.

Confederación Empresarial de Madrid, Proyecto EQUAL, Fondo Social Europeo y otros, Conciliación de la vida laboral y familiar en las empresas madrileñas (Jornada sobre fórmulas y experiencias concretas), Madrid España, 2003, 85pp.

Chinchilla Nuria y León Consuelo, La Ambición Femenina, Cómo reconciliar trabajo y familia, Edit. Punto de Lectura, España, 2005, 291pp.

EMAKUNDE, Gobierno Vasco, Fondo Social Europeo y otros, Políticas Empresariales de Conciliación Vida Familiar y Laboral, España, 2005, 39pp.

Rosilli Mariagrazia, Políticas de Género en la Unión Europea, Edit. NARCEA, Madrid España, 2001, 277pp.

HEMEROGRAFIA:

Conciliación de la Vida Laboral y Familiar casi imposible, Instituto de la Mujer de la Confederación General del Trabajo, Revista Libre Pensamiento, Mayo de 2005, España.

Conciliación y (des)igualdad, una mirada debajo de la alfombra de las Políticas de Igualdad, Bustelo María y Peterson Elin, Revista SOMOS, núm. 7, Primavera 2005, España.

Crisis en el hombre ante el desempleo, Salas José Manuel y Moya Rafael, Instituto de Masculinidad WEM, 2005, Costa Rica.

Diagnóstico de Satisfacción Laboral en una empresa textil peruana, Hernández Melissa Tatiana, 2003, Perú.

El desempleo, su incidencia en la identidad y la violencia personal y social, Galvan de Veinsten Silvia b., publicación virtual Psicología y Psicopedagogía, Año II, Num. 7, Septiembre 2001, El Salvador.

La desocupación ¿un flagelo sin salida?, Franz Elisa, Ser Humano y Trabajo, 2000, Argentina.

La Perspectiva de Familia en México, Yáñez Jorge, (Ponencia presentada en el 1er Foro de Familias Diversas y Análisis del Día Nacional de la Familia), Marzo de 2005, México D.F.

Por una reforma laboral integral, Cortés Héctor, IQ magazine, Núm. 62, Junio de 2004, México D.F.
Hard Yakkin (¿Son iguales todos los verdaderos hombres?), Leach Mike, XY magazine, 1993, Australia
DOCUMENTOS:

Ley de Conciliación 39/1999 (España).

Ley de los 100 euros 46/2002 (España).

Plan de Igualdad del País Vasco (España).

III y IV Planes de Igualdad Nacional (España).

Proyecto de MAGEEQ (www. mageeq.net).


La Violencia de Género en Clave Masculina

Jorge Yáñez López*

Para identificar a la Violencia de Género en una definición como la que dió el Consejo Económico y Social de la ONU en 1992 (Todo acto o amenaza que tenga como consecuencia o posibilidades de tener como consecuencia perjuicio y/o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer), resulta imprescindible aproximarse a las causas que la originan y a la lógica para enfrentársele.

La Violencia de Género que presenta como agentes agresores a los varones, se fundamenta en el proceso de socialización en base al género (o ambiente socializador) que prepara a los hombres desde su infancia para ejercer un modelo de dominación (como presunta expresión única de su masculinidad) en contra de las mujeres. Precisamente al transgredirse este esquema de control, el hombre violento desencadena la agresión, a manera de un intento desesperado por reafirmar y recuperar ese control que escapa de sus manos.

Aún subsiste en calidad de hipótesis la consideración de la Misoginia como un elemento contributivo al respecto, pero para la educación sexista como base para la Violencia de Género, las certezas son incuestionables.

La ONG mexicana APIS ha enfatizado en la relevancia de “sensibilizar y desnaturalizar la violencia”, esto es, generar la conciencia social, que la ciudadanía aprehenda a percibir situaciones como los abusos sexuales cometidos dentro del matrimonio como una conducta delictiva que vulnera la dignidad de la cónyuge. Dejar de valorar con normalidad toda modalidad de maltrato y de discriminación entre progenitores, dentro de los noviazgos y en general de cualquier forma de discriminación de pareja intergenérica. Sin perder de vista que la intervención gubernamental debe desarrollarse en el Ambito Público, al tratarse de una flagrante violación de los Derechos Humanos.

En 1992 el Comité de la CEDAW (COCEDAW) incluyó formalmente la Violencia por razón de Género como discriminación por razón de género; para diciembre de 1993, la Asamblea General de ONU aprobó la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, definida como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluídas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”; y en 1994, la OEA en Brasil, realizó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará), designándose en ese mismo año por parte de la Comisión para los Derechos Humanos a la primera Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la Mujer (para analizar y documentar el fenómeno).

Por su lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1996 que sólo consideraba la violencia doméstica, acordó adoptar la definición de Violencia Contra las Mujeres como un marco útil para sus actividades; y en noviembre del 2002 en el Foro Mundial de Mujeres Contra la Violencia, dentro de su dictamen se concluyó que “socava el desarrollo y el progreso de todas las naciones, especialmente la igualdad de género y la posibilidad de ejercer la plena soberanía de las mujeres” y además comporta “unos incalculables e irreversibles costes físicos y económicos”

La aportación que estas bases jurídicas conceptuales proporcionan al marco legal para responder a la Violencia de Género, radica en que permiten situar con precisión al fenómeno, como punto de partida.

Ahora bien, el abordaje de la Violencia de Género presenta varias aristas (unas inmediatas, otras mediatas), desde el Sistema Jurídico, las Políticas Públicas, el Sector Salud o las Acciones Ciudadanas con la Sociedad Civil Organizada, sin embargo para dirigirse a la raíz del problema es preciso separar a las víctimas de los agresores. El tratamiento de los segundos como intervención inmediata ha sido motivo de serios divisionismos entre hombres que reeducan a otros hombres, activistas y teóricos de las Masculinidades, más allá del modelo hegemónico (y estereotipado) de ser hombre.

Los Programas de Intervención para Agresores (PIAs) implementados por dirigentes de organizaciones que trabajan en la sensibilización de varones agresores y algunos especialistas en psicología, al través de convenios institucionales al adoptar una postura de “parte de un contrato de prestación de servicios profesionales”, excluyen de su visión el que un alto porcentaje de sus involucrados son sujetos de comportamiento delictivo.

La propia Organización Panamericana de la Salud ha evidenciado las deficiencias de estos programas: a) Absuelven al agresor de la responsabilidad.
b) Pueden derivar y promover la práctica de formas sutiles de violencia psicológica
o económica, en lugar de la violencia física.
c) Parten del hecho de no golpear como prueba de éxito del programa, sin explorar
otros factores causales posibles.
d) Se diseñan para hombres de clase media, empleados y casados.

De ahí que se le haya apostado mucho más al trabajo preventivo (acción en lo mediato) para hombres jóvenes en los programas de la educación pública y/o con incidencia en los Medios de Comunicación en varios países. Uno de los casos más ilustrativos ha sido el de Emakunde en la comunidad autónoma de Euskadi, con sus campañas: en 1992 “Sácalo a la luz”, en 1994 “No más Agresiones” y en 1997 “No más violencia contra las mujeres”, siendo el organismo vasco vinculado a las políticas de igualdad de mujeres y hombres.

La campaña canadiense del lazo blanco (white ribbon campaign) como movimiento de hombres en contra de la violencia hacia las mujeres, con 12 años de trabajo; la campaña nacional de Nicaragua en 1999 (violencia contra las mujeres, un desastre que los hombres si podemos evitar) promovida por el Grupo de Hombres Contra la Violencia (GHCV) o también la campaña estadounidense “Mi fuerza no es para lastimar”, que disoció la idea de Fuerza Física de la de Violencia en los hombres; son ejemplos de un activismo asumido desde los varones frente a la Violencia de Género.

Informar a las mujeres sobre sus derechos civiles y los mecanismos para ejercitarlos, ha sido un tipo de trabajo mayoritariamente realizado por organizaciones feministas, los esporádicos casos de hombres profeministas con propuestas de legislación y de políticas públicas, son quienes finalmente cierran el rubro de impulsores de acciones desde un activismo que debiera comprometer a más.

En España a finales de los años 90´s, la difusión del caso de Ana Orantes (quemada viva en Granada) constituyó el foco rojo que atrajo la atención de la sociedad española hacia un aspecto latente con anterioridad, pero silenciado. El vergonzoso caso de los asesinatos y los secuestros de mujeres en Ciudad Juárez, México, ha demostrado la incongruencia entre una imagen civilizatoria y una realidad cotidiana.

Pese a todo lo anterior, las tendencias obligan a replantear las significaciones y los alcances que la Violencia de Género guarda:

1º.- El modelo que el Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina (CECEVIM) ha propuesto desde California, E.U.A., coloca incisivas interrogantes acerca del tema, ¿Por qué la Violencia del hombre es calculada y llevada al punto en que no destruye totalmente?, ¿Por qué su Violencia es selectiva? (y medible en grados por él mismo), es decir, no es un acto de entera brutalidad profusa.

2º.- ¿Bajo qué parámetros dimensionar la Violencia de Género cuando las víctimas son hombres?. En México se carece de estadísticas sobre el número de hombres maltratados por sus parejas, en la UAPVIF Venustiano Carranza se calcula que de cada 7 hombres denunciados como agresores, 3 son en realidad víctimas. En E.U.A. según cifras del Instituto Nacional de Justicia y del Centro de Control de las Enfermedades, señalan que 76.5% de las mujeres y 23.5% de los hombres son agredidos por sus parejas.

3º.- Por muy pragmático que parezca, el Estado debe evaluar los costos económicos que le reporta el desentenderse del problema. En Canadá el Estado gasta más de 1,000 millones de dólares canadienses por año de servicios que comprenden la intervención de la policía, el sistema de justicia penal, la asistencia socio psicológica y los proyectos de formación. En E.U.A. son de 5 a 10 mil millones de dólares al año (estimaciones similares a las del Banco Mundial y las del BID).

Algunas otras medidas de contención hacia los efectos de la Violencia de Género, han consistido en sensibilizar y capacitar al personal y autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, mediante la firma de Protocolos Institucionales. En cuanto a la atención y protección de las víctimas, las figuras de Albergues (pisos o casas de acogida) para mujeres maltratadas han prosperado con importantes resultados cuando han contado con un esquema de financiación dependiente del Ejecutivo Local o del Legislativo Local, aunque este último gestionado por parlamentarios a título individual.

El Poder Judicial, enteramente desvinculado de la ciudadanía, en mucho ha obstaculizado una Impartición de Justicia imparcial y con apego a la legalidad. Las investigaciones realizadas por el Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights Watch) han revelado sesgos decisivos en la aplicación de la ley, a favor de los agresores.

La problemática en síntesis, compete a todas y a todos, pues es el proceso de aculturación el que bipolariza y sobrecarga a la otredad diferente de expectativas dispares, adicionándole el mecanismo de obligatoriedad en el cumplimiento de las mismas por medio de prácticas violentas, es sugerible que nuestras reflexiones deban orientarse hacia una redefinición comportamental a partir de transformaciones profundas en la preceptiva institucional y no institucional dirigida a quienes en lo futuro no deseamos ver como agresores directos o en potencia.


* Coordinador General de TRODOS, Círculo de Masculinidad.

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