sábado, 13 de septiembre de 2008

Conductores Estratégicos hacia la Igualdad de Géneros

Lic. Jorge Yáñez López

Es deseable y prioritario efectuar una reflexión de mayor profundidad en torno a cómo entender el Principio de Igualdad hacia todo orden institucional, no sólo abarcando los tres poderes de la unión y los tres niveles de gobierno; la iniciativa privada y los medios de comunicación requieren asumir compromisos enteros y responsables.

La legislación mexicana dispone a partir del año 2006 de una Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de un Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) desde el 2002 y un sistema de cuotas en la materia electoral que en tanto tienda a la paridad, obliga a los partidos políticos nacionales a presentar sus listas de candidaturas a cargos de elección popular, en donde no podrá excederse del 60% de candidatos de un mismo sexo, a partir de las elecciones de junio del año 2009.

Este último mecanismo jurídico (el electoral), representa un avance significativo (durante los comicios del 2003 y del 2006 operó el 70/30) orientado a la igualdad de oportunidades; en lo que concierne a la citada Ley General de Igualdad, ésta transita con un presupuesto de 803 millones de pesos para su implementación y el inicio de un proceso de armonización legislativa que no proyecta progresos al mediano plazo, si se considera que únicamente el Distrito Federal y una entidad federativa cuentan con leyes de igualdad a nivel estatal.

Por su parte el INMUJERES dispone desde el año 2006 de un Observatorio de Medios de Comunicación frente a una ley de radio y televisión expedida en los años 60´s, que en nada promueve la reducción de estereotipos de género o la no violencia de género. Además por mandato de dicha ley se compele a este organismo (encargado de transversalizar la perspectiva de género en toda la administración pública federal) a instrumentar el Sistema Nacional de Igualdad y el Programa Nacional del mismo; su observancia le corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También cabe referir que el INMUJERES y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a lo largo de 6 años han coproducido sistemas de indicadores sobre diferentes rubros, enfocados a contrastar la realidad de condiciones que viven los hombres y las mujeres en México.


Herramientas institucionales y académicas, así como diagnósticos e informes de las organizaciones civiles, en definitiva sobran. Pero los monopolios de género por áreas de gobierno y del sector privado permanecen con raíces históricas de coto de poder (como las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y la de Marina), los pocos espacios dirigidos por mujeres fluctúan entre lo simbólico y las imágenes convenientes de lo políticamente correcto para los gobiernos federal, estatales y municipales.

¿Cuál es el sentido de firmar en el año 2007 un Pacto Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que comprometiera a dos de los Poderes de la Unión (Legislativo y Ejecutivo)?, ¿para aterrizarlo en un porcentaje de recursos para capacitar en Enfoque de Género a la Secretaria de la Defensa?

Estos pasos gubernamentales no hablan de una completa convicción que trascienda el nivel del discurso; ¿en dónde queda el papel de las empresas socialmente responsables?, porque la igualdad no percibida como un asunto que convoca a todos los actores sociales, políticos y económicos involucrados en el desarrollo del país, se reduce a una real ausencia de voluntades, a un slogan ideológico simplemente.

Las organizaciones no gubernamentales no pueden desplegar acciones tan amplias, sin el cumplimiento de los demás sujetos obligados; el problema tiene que ser atendido en su conjunto, demostrando reflejos concretos del mismo convencimiento que llevó a suscribir acuerdos internacionales en favor de los derechos humanos.

De manera puntual, los espacios en condiciones de igualdad en función de los géneros, deben permear al Poder Judicial de la Federación, permitiendo que la procuración y la impartición de justicia (PGR y Tribunales), dejen de ser áreas monopolizadas por perspectivas machistas.


La misma circunstancia aplica al Consejo Coordinador Empresarial, a las Instituciones Bancarias y de Seguros, a los cargos directivos de las principales cámaras de sector (CANACO; COPARMEX; CANACINTRA).

Estas distribuciones equilibradas por el género deben quedar reglamentadas y no depender de apreciaciones subjetivas en turno.

Pero también deben diseñarse esquemas normativos que posibiliten a las y los integrantes de Consejos Ciudadanos (como el del Canal del Congreso), para que se evalúen mejor los contenidos que a lo máximo reproducen discriminación y consumismo en fechas ideologizantes, como los días de la madre y del padre.

Las dos televisoras públicas requieren de filtros ciudadanos que actúen como contrapesos, en especial frente a los casos en que degradan visualmente y mediante el lenguaje la dignidad de las mujeres, promoviendo violencia y discriminación.
Por ello es trascendental que en la planeación de rutas hacia la igualdad entre mujeres y hombres, la mayoría de las instituciones y la iniciativa privada se integren.

Un acuerdo verdaderamente consistente se conforma de etapas, de rendición de cuentas y de medición de impactos, mientras no sea así se continuará por la vía de los paliativos gubernamentales y el fortalecimiento de los intereses creados.


1 comentario:

Anónimo dijo...

Interesante blog sobre la esperada y anhelada igualdad de géneros.