Lic. Jorge Yáñez L.
A partir de que el Distrito Federal como capital del país, despenalizó el aborto en abril del año 2007 (hasta las 12 primeras semanas de embarazo), bajo un gobierno de izquierda y el asiduo cabildeo de las organizaciones civiles cuyo eje es el reconocimiento del “Derecho a Decidir de las Mujeres”, el desacuerdo de los grupos conservadores y de la Iglesia Católica se acentuó considerablemente.
Añadido a esta circunstancia de diferencias de intereses, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que tras haber perdido las elecciones presidenciales en el año 2000 frente al Partido Acción Nacional (PAN) - un instituto político de corte demócrata cristiano -, recupera posiciones políticas a mediados del año 2009 tanto en lo estatal como a nivel federal estableciendo alianzas parlamentarias en los Congresos Locales con legisladores del PAN, a efecto de incorporar el supuesto “Derecho a la Vida” de los fetos por encima de la vida de las mujeres y de su voluntad para decidir libremente sobre su cuerpo.
Ignorando la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoció lo legislado en el Distrito Federal y criminalizando a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente un embarazo, más de 15 entidades federativas han generado este retroceso que impacta de manera más drástica a las mujeres de escasos recursos, quienes terminan practicándose abortos clandestinos bajo condiciones insalubres y que ponen en riesgo su vida.
Lo lamentable de esta circunstancia que desconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no ha radicado sólo en sancionar penalmente un asunto de salud pública desde las constituciones locales, sino también en la exposición pública de la división ideológica existente entre las feministas, recrudecida luego de los comicios del año 2006.
A estos distanciamientos por adheciones políticas hacia las distintas expresiones de la Izquierda Mexicana (Partido de la Revolución Democrática - PRD -, Convergencia, y la Socialdemocracia) y de parte de las feministas militantes del PRI, se les vino a sumar la irresponsabilidad de organizaciones y liderazgos del Movimiento Feminista que prefirieron priorizar la organización del XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en la Ciudad de México (un ejercicio colectivo de corte retardatariamente androfóbico) antes que unirse y construir estrategias para frenar los citados retrocesos legislativos en materia de derechos humanos de las mujeres.
Por supuesto que la responsabilidad histórica se escribe con nombres y apellidos de quienes eligieron anteponer su individualismo antes que las causas que dicen representar y para las cuales reciben financiamientos de fundaciones internacionales y de los gobiernos federal y locales; teniendo en cuenta además, que este derecho de todas las mujeres iba más allá de únicamente la obligación de las ONGs monotemáticas en el área (sobre Derechos Reproductivos y en defensa de los compromisos de la Conferencia de Cairo de 1994), esto es, involucraba a todas.
Ninguna ha tenido el valor y la ética de asumir su parte de responsabilidad en que la situación haya alcanzado las dimensiones actuales, en esta fase de la historia; los profeministas lo colocamos sobre la mesa, porque nunca fuimos copartícipes de esta fragmentación por intereses políticos entre las feministas institucionales.
El punto no era visualizarlo como un asunto de exclusivo interés para las mujeres, ya que casi la totalidad de los grupos que trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres siempre respaldamos este derecho presente todo el tiempo en las agendas feministas mundial, nacional y locales; aquí la imputación deriva de que a partir de la condición de afiliadas o simpatizantes de alguno de los partidos políticos nacionales, hayan puesto al límite el reconocimiento del Derecho a Decidir de las mujeres en los estados de la república, exceptuando al Distrito Federal.
Culpabilizar al PRI de lo ocurrido no responde al cuestionamiento de ¿Dónde estaban y qué hacían las feministas de las ONGs?, porque aún la hipótesis de la desarticulación de las redes nacionales tiene autoras para nada apolíticas.
El pragmatismo político de los hombres de un partido que regresa al Poder (PRI) y la vinculación de otro partido político a la agenda de la jerarquía católica (PAN) ni en lo más mínimo es un dato novedoso; es necesario afrontar la crítica hacia aquellas compañeras feministas que dejaron la sororidad únicamente para el discurso académico y la convivencia en actos subrayadamente personalistas.
Apenas algunas parlamentarias de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados intentaron frenar este efecto dominó en algunos congresos estatales, a la par de contadas activistas de la sociedad civil organizada.
La rendición de cuentas y la transparencia para una correcta gobernanza contempla a las organizaciones ciudadanas y a sus dirigencias, no es un requisito privativo de las instituciones gubernamentales; el discurso reactivo sólo sirve para la tranquilidad propia de quienes lo generan; ¿qué resultados por la omisión e inacción tienen que reportar las feministas a las ciudadanas no activistas, a las otras a quienes remarcan que trabajan por la defensa de sus derechos?
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